El cargamento, equivalente a más de 10 mil dosis de MDMA, fue detectado en una encomienda postal gracias a un operativo conjunto entre la PDI y el Servicio Nacional de Aduanas.
Un operativo de la Brigada Investigadora Antinarcóticos Aeropuerto (BRIANT) de la PDI, en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, permitió la incautación de más de un kilo de MDMA —conocido como éxtasis— que había sido enviado desde Canadá y tenía como destino final un departamento en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana.
La diligencia se inició tras la detección de una encomienda postal sospechosa, la cual fue sometida a análisis, confirmándose la presencia de MDMA. Ante este hallazgo, se activaron técnicas especiales de investigación contempladas en la Ley 20.000, incluyendo entrega controlada y uso de agente encubierto, por instrucción del fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Local de Pudahuel.
El procedimiento permitió la detención de tres personas vinculadas al envío y recepción de la droga: dos ciudadanos chilenos con antecedentes policiales y una mujer de nacionalidad argentina, quien se encontraba en situación migratoria irregular y registraba antecedentes por porte de arma y tráfico de drogas.
El subprefecto Sergio Paredes Lagos, jefe de la BRIANT Aeropuerto, explicó que la encomienda contenía “diversas bolsas con una sustancia granulada de color ocre que, tras la prueba de orientación, arrojó positivo para MDMA”. Según detalló la PDI, el total incautado corresponde a 1 kilo 20 gramos de droga, equivalente a 10.200 dosis.
De haber sido distribuida en el mercado ilícito, la sustancia habría alcanzado un valor estimado de $110 millones. “Este operativo permitió sacar de circulación una importante cantidad de droga que tenía como destino la Región Metropolitana”, señaló el subprefecto Paredes.
Los tres imputados fueron formalizados el jueves 29 de enero por el delito de tráfico ilícito de drogas. La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue rechazada en primera instancia por el tribunal, quedando la resolución final en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago.
