La Municipalidad de La Florida inició este miércoles la segunda y última etapa del desalojo de la toma Dignidad, operativo que busca retirar la totalidad de las viviendas aún emplazadas en el sector. Durante las primeras horas del procedimiento se registraron incidentes y la instalación de barricadas por parte de algunos residentes.
El operativo se desarrolla con apoyo de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Serviu Metropolitano y la Delegación Presidencial Metropolitana. Pese a los focos de resistencia inicial, las autoridades informaron que la situación fue controlada, permitiendo el avance de las labores.
Se proyecta el retiro de cerca de 400 viviendas
El alcalde Daniel Reyes indicó que actualmente permanecían alrededor de 400 viviendas en el lugar, tras la primera fase ejecutada el año pasado, cuando fueron desalojadas cerca de 200 construcciones.
La intervención se fundamenta en la condición de inhabitabilidad del terreno, ubicado en la ribera de la Quebrada de Macul, zona catalogada como de riesgo ante eventuales aluviones. Según explicó el jefe comunal, los ocupantes fueron notificados con antelación y se realizaron múltiples gestiones para ofrecer alternativas habitacionales.
“Las personas no solo fueron informadas durante la primera etapa, sino que posteriormente existió una notificación formal del decreto que declara la inhabitabilidad del sector. Además, se efectuaron más de 20 operativos destinados a brindar soluciones transitorias y definitivas”, señaló.
Asimismo, el municipio habilitó un albergue de carácter transitorio con capacidad para al menos 50 personas, destinado a quienes resulten afectados por el procedimiento.
Autoridades estiman que el operativo concluirá esta semana
El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, sostuvo que esta fase representa la culminación del proceso, enfatizando el riesgo que implicaba la permanencia de familias en el sector.
“Se trata de un lugar que históricamente ha sido escenario de aluviones con consecuencias trágicas. El objetivo es resguardar la seguridad de las personas y evitar nuevas ocupaciones en una zona de alto peligro”, afirmó.
Las autoridades proyectan que el desalojo podría extenderse hasta el jueves o viernes, dependiendo de las condiciones en terreno.
Desde Carabineros, el coronel Ignacio Toledo detalló que participan distintas unidades especializadas, entre ellas Control de Orden Público (COP), GOPE y equipos investigativos, considerando la eventual resistencia de ocupantes y la posible comisión de delitos en el sector.
“Dentro de la planificación se contempla la intervención de personal COP conforme a protocolos, con el fin de garantizar el restablecimiento del orden público y la seguridad del procedimiento”, indicó.
