En entrevista con el programa La Mañana de Agricultura, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, abordó el proceso de desalojo de la Toma Dignidad, centrando sus declaraciones en la tardanza del Estado para responder al déficit de vivienda.
“La reflexión de fondo es que el Estado de Chile está ofreciendo una respuesta muy lenta y tardía en materia de soluciones habitacionales”, afirmó la autoridad comunal. En esa línea, sostuvo que los tiempos de espera actuales resultan “insostenibles”, señalando que, en promedio, una persona puede tardar entre 8 y 10 años en acceder a una vivienda mediante los mecanismos regulares.
El jefe comunal también se refirió al catastro realizado en conjunto con el Serviu y la Delegación Presidencial, indicando que cerca de la mitad de los residentes del asentamiento no cumpliría con los requisitos para optar a beneficios habitacionales. “Hay personas que no pueden acceder a soluciones porque no cumplen con los parámetros de vulnerabilidad”, explicó.
Asimismo, Reyes aseguró que durante el levantamiento de información se detectaron situaciones irregulares, como personas con subsidios vigentes, propietarios de viviendas y casos de arriendo o subarriendo de terrenos dentro del campamento. “Incluso constatamos venta de terrenos en el lugar”, señaló.
A juicio del alcalde, estos antecedentes podrían configurar eventuales ilícitos. “Estamos hablando no solo de incivilidades, sino directamente de la posible comisión de delitos”, concluyó.
