La Municipalidad de La Florida confirmó que el desalojo de la toma Dignidad comenzará durante las primeras semanas de octubre, tras una reunión de coordinación encabezada por el alcalde Daniel Reyes y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.
El anuncio fue realizado por el propio jefe comunal a través de sus redes sociales, donde detalló que la medida se enmarca en un proceso iniciado en 2024 junto al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y la Delegación Presidencial, con el objetivo de avanzar hacia una solución definitiva para el sector.
El proceso se intensificó a partir de marzo de este año, coincidiendo con el aumento de hechos de violencia al interior y en los alrededores de la toma. Residentes de sectores colindantes, como Villa Santa Teresa y población La Higuera, han denunciado reiteradas balaceras, consumo de drogas, tráfico de sustancias ilícitas y deterioro de servicios básicos.
En ese contexto, el 13 de marzo de 2024 se emitió el Decreto Exento N.° 1774, que declaró la inhabitabilidad de las instalaciones irregulares y ordenó el retiro de edificaciones en el área comprendida entre el Canal San Carlos, Quebrada de Macul, calle Las Perdices, calle La Quebrada y las Fiscas. El documento también calificó la zona como un sector de peligro inminente.
“La toma Dignidad no puede seguir en ese lugar”, afirmó el alcalde Reyes. “Ya manifestamos nuestra intención de proceder al desalojo, por tanto estamos en reuniones de coordinación para operativizarlo en el menor plazo posible”.
Cabe recordar que la toma Dignidad se inició a fines de 2019, durante el estallido social, y se extendió durante 2020, manteniéndose en el contexto de la pandemia por Covid-19. El asentamiento se ubica al norte de la Quebrada de Macul, entre avenida Departamental y Tobalaba, extendiéndose incluso hacia el Zanjón de la Aguada.
La zona donde se emplaza la toma fue catalogada como área de exclusión por riesgo de aluvión, en recuerdo de la tragedia de 1993 que dejó 26 fallecidos, más de 30 mil damnificados y más de 300 viviendas destruidas.
La Municipalidad reafirmó su compromiso con la seguridad de los vecinos y continuará coordinando acciones con los distintos organismos involucrados para garantizar un proceso de desalojo seguro y ordenado.
